La planificación territorial, la seguridad jurídica y la aceptación social serán determinantes para acelerar el despliegue de las energías renovables sin generar nuevos conflictos urbanísticos ni incrementar la litigiosidad. Desde GTA Villamagna advierten de que no cualquier suelo rural es jurídicamente apto para albergar este tipo de instalaciones energéticas y alertan de que una planificación insuficiente puede traducirse en retrasos, recursos y mayores costes para promotores e inversores
España afronta uno de los mayores retos de la próxima década: acelerar el despliegue de energías renovables para cumplir sus objetivos energéticos y climáticos sin trasladar los conflictos al ámbito urbanístico, ambiental y judicial. En este escenario, el suelo rural se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, pero también en uno de los principales focos de debate territorial y regulatorio.
La transición energética avanza a gran velocidad y ha convertido al suelo rural en un elemento esencial para el desarrollo de nuevas instalaciones renovables. La necesidad de disponer de amplias superficies, recursos naturales adecuados y ubicaciones compatibles con la actividad energética ha desplazado buena parte de estos proyectos fuera de los entornos urbanos. Sin embargo, la disponibilidad de terreno no garantiza por sí sola su viabilidad, ya que estos espacios suelen estar sujetos a condicionantes urbanísticos, ambientales, paisajísticos, patrimoniales y territoriales que exigen un análisis previo riguroso.
Javier García, socio de GTA Villamagna, señala «que la rapidez en el despliegue renovable no debe confundirse con una reducción de las garantías administrativas. Al contrario, cuanto mayor es la urgencia por impulsar nuevos proyectos, más importante resulta ordenar previamente dónde, cómo y en qué condiciones pueden implantarse. Acelerar no debe significar tramitar con menos garantías, sino evitar que cada proyecto tenga que resolver de forma aislada cuestiones que deberían estar previamente ordenadas por la planificación territorial y la normativa aplicable».
Planificación territorial para evitar nuevos conflictos
El crecimiento de las energías renovables ha puesto de manifiesto las limitaciones de muchos marcos de ordenación territorial y urbanística, diseñados en un contexto muy distinto al actual. La llegada simultánea de numerosos proyectos a determinadas zonas ha obligado a las Administraciones a adaptar criterios, coordinar procedimientos y dar respuesta a nuevas demandas de uso del suelo, generando en algunos casos incertidumbre y un aumento de la conflictividad.
Aunque el riesgo de conflictividad existe, especialmente en territorios sometidos a una elevada concentración de proyectos, una planificación adecuada y la identificación temprana de riesgos permiten anticipar problemas y favorecer una implantación más ordenada de estas infraestructuras. García explica que «el verdadero reto no consiste en elegir entre renovables y territorio, sino en ordenar su convivencia mediante criterios claros, previsibles y técnicamente fundamentados».
La conflictividad suele aumentar cuando los proyectos se enfrentan a marcos normativos poco claros, planeamientos desactualizados o criterios administrativos heterogéneos. A ello se suma la existencia de diferencias regulatorias entre comunidades autónomas, que obligan a realizar análisis específicos en cada territorio y generan distintos niveles de complejidad en la tramitación. Además, la evaluación ambiental continúa siendo uno de los principales focos de litigiosidad, especialmente en cuestiones relacionadas con la ubicación de proyectos, el análisis de impactos y las medidas correctoras.
Más allá de la planta: las infraestructuras que generan litigios
Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que la disponibilidad de terrenos garantiza por sí sola el desarrollo de una instalación renovable. Sin embargo, la viabilidad real de estos proyectos exige evaluar de forma integrada condicionantes urbanísticos, ambientales, territoriales y regulatorios que pueden resultar determinantes para su ejecución. «Un proyecto renovable puede contar con acuerdos con propietarios o derechos sobre los terrenos y, sin embargo, resultar inviable desde el punto de vista urbanístico, ambiental o de acceso y conexión», subraya García.
La clasificación del suelo, las afecciones ambientales y patrimoniales o la viabilidad de las infraestructuras de evacuación son algunos de los elementos que deben analizarse antes de considerar viable una instalación. Asimismo, muchos de los conflictos no surgen en torno a la planta de generación, sino alrededor de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Líneas de evacuación, subestaciones, accesos o infraestructuras compartidas suelen atravesar varios municipios y propiedades, incrementando la complejidad jurídica y administrativa de los proyectos.
Desde GTA Villamagna también resaltan la importancia de asegurar desde fases tempranas los derechos sobre los terrenos afectados y favorecer acuerdos consensuados con los propietarios, ya que las soluciones negociadas suelen reducir significativamente la conflictividad y el riesgo de judicialización.
La aceptación social se consolida como un factor de riesgo
Junto a los aspectos urbanísticos y ambientales, la aceptación social se ha convertido en un elemento cada vez más relevante para la viabilidad práctica de las instalaciones renovables. Incluso cuando un proyecto cuenta con una base técnica y jurídica sólida, una fuerte oposición vecinal o territorial puede traducirse en recursos administrativos, litigios contencioso-administrativos y mayores retrasos en la tramitación.
El socio de GTA Villamagna indica que «esta oposición no responde necesariamente a un rechazo de las energías renovables, sino que suele estar vinculada a la percepción de una excesiva concentración de proyectos, al impacto sobre el paisaje, a la afección sobre actividades tradicionales o a la sensación de que los beneficios económicos no revierten suficientemente en el territorio afectado».
Las Zonas de Aceleración de Renovables como herramienta de ordenación
En este contexto, la creación de Zonas de Aceleración de Renovables representa una oportunidad para reducir incertidumbres y avanzar hacia una planificación más ordenada. Estos instrumentos, impulsados en línea con las directrices europeas, permiten identificar previamente las áreas más adecuadas para el desarrollo de proyectos renovables, facilitando una implantación más previsible y reduciendo potenciales conflictos.
No obstante, para que cumplan su función, deben apoyarse en una planificación rigurosa, una adecuada identificación de afecciones ambientales y territoriales, la participación de las Administraciones y colectivos afectados, y unas reglas claras y estables para todos los operadores.
Seguridad jurídica para proteger la inversión
La seguridad jurídica continúa siendo una de las principales preocupaciones de promotores e inversores. Los retrasos en la evaluación ambiental, la impugnación de permisos o las suspensiones cautelares pueden afectar directamente a la financiación, a los contratos de suministro, a los acuerdos de compraventa de energía y al cumplimiento de hitos administrativos esenciales para la continuidad del proyecto.
En determinados casos, estos retrasos pueden incluso comprometer la vigencia de permisos de acceso y conexión o alterar significativamente la rentabilidad prevista de la inversión. Por ello, la seguridad jurídica no consiste únicamente en obtener autorizaciones, sino en que estas sean sólidas y capaces de resistir eventuales impugnaciones.
Desde GTA Villamagna valoran igualmente necesario reforzar la planificación territorial, dotar a las Administraciones de mayores medios técnicos y humanos y avanzar hacia procedimientos administrativos y judiciales más ágiles, capaces de resolver controversias complejas en plazos razonables. Por consiguiente, recomiendan incorporar el análisis jurídico desde las fases iniciales y no como una revisión final del proyecto. La identificación temprana de riesgos urbanísticos, ambientales y territoriales permite reducir la incertidumbre y evitar conflictos posteriores.
García concluye que «la transición energética necesita rapidez, pero también planificación. El objetivo debe ser crear un marco jurídico claro que permita acelerar el desarrollo de renovables con seguridad para promotores, inversores, propietarios y Administraciones, minimizando la conflictividad y reforzando la confianza en el proceso».
