Tal y como explican desde Grupo2000, el Real Decreto 723/2026 amplía los datos que las empresas deberán facilitar a las personas trabajadoras y obligará a reforzar la coordinación con los despachos profesionales antes de las nuevas contrataciones
Las asesorías laborales tendrán que recabar más información de sus clientes antes de gestionar determinadas contrataciones. Esta es una de las consecuencias prácticas del nuevo Real Decreto 723/2026 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que entrará en vigor el próximo 5 de octubre.
La norma amplía la información que las empresas deberán facilitar por escrito a las personas trabajadoras sobre sus condiciones laborales. Para las relaciones de duración superior a cuatro semanas esta información deberá proporcionarse antes del inicio de la relación laboral.
El cambio puede tener un impacto directo en los despachos profesionales que gestionan las contrataciones de otras empresas. Ya no se tratará únicamente de disponer de los datos habituales para preparar un contrato, sino de comprobar que se cuenta con toda la información exigida. Y parte de ella solo la conoce la propia empresa.
La distribución de la jornada, los sistemas de turnos, los criterios de retribución variable, determinadas políticas internas o la utilización de sistemas algorítmicos para tomar decisiones laborales son algunas de las cuestiones que pueden exigir una mayor comunicación entre empresa y asesoría.
Desde Grupo2000, entidad especializada en contratación y formación, que trabaja habitualmente con despachos profesionales, consideran que uno de los principales retos estará precisamente en adaptar el proceso previo a cada contratación.
«Las asesorías van a necesitar que sus empresas y clientes les faciliten determinada información con mayor antelación. Será fundamental establecer un procedimiento claro para disponer de todos los datos necesarios antes de tramitar una nueva incorporación», explican desde Grupo2000.
El desafío para las asesorías: acceder a información que está dentro de la empresa
Una asesoría puede conocer el convenio colectivo aplicable, preparar el contrato y gestionar las comunicaciones laborales, pero no necesariamente dispone de toda la información sobre la organización interna de su cliente.
Esto puede hacer necesario establecer nuevos procedimientos para recabar información antes de tramitar una contratación, especialmente en despachos que gestionan un elevado volumen de altas.
Un ejemplo son las empresas con sistemas de incentivos o retribución variable. La nueva normativa exige informar sobre su modo de cálculo y los criterios que determinan su percepción.
El Real Decreto 723/2026 también incorpora la obligación de informar sobre determinados sistemas algorítmicos o automatizados cuando intervengan en decisiones relacionadas con cuestiones como la jornada, la asignación de tareas o los salarios.
Desde Grupo2000 consideran que este punto merece especial atención ante la rápida incorporación de herramientas de IA en los departamentos de Recursos Humanos y en los procesos de gestión empresarial.
La contratación temporal será otro de los puntos que empresas y asesorías deberán revisar. Aunque la legislación ya exige justificar la temporalidad, el Real Decreto refuerza la información que deberá proporcionarse a la persona trabajadora.
Será necesario identificar de forma precisa la causa que habilita la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista del contrato.
En el caso de las personas trabajadoras fijas-discontinuas deberá facilitarse también información sobre los períodos de actividad e inactividad o su estimación, sin perjuicio de su posterior concreción en el llamamiento.
El impacto de estas medidas puede ser especialmente significativo para las pequeñas empresas que tienen externalizada prácticamente toda su gestión laboral y que están acostumbradas a comunicar a su asesoría únicamente los datos básicos necesarios para realizar una contratación.
Los cambios no terminan cuando se formaliza el contrato
La nueva normativa también deberá tenerse presente durante la relación laboral.
Cuando se modifiquen elementos sujetos al deber de información el cambio deberá comunicarse por escrito lo antes posible y, como máximo, el día en que surta efecto, salvo las excepciones previstas en el Real Decreto.
Por tanto, el flujo de información entre empresa y asesoría deberá funcionar correctamente no solo antes de una incorporación, sino también cuando posteriormente se produzcan cambios que deban comunicarse.
En las relaciones laborales que ya estén vigentes, cuando entre en vigor la norma, no será necesario entregar automáticamente toda la nueva información a la plantilla. Sin embargo, si una persona trabajadora solicita la información que le corresponde y no obra ya en su poder la empresa deberá facilitársela en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud.
El margen para adaptarse es reducido: el Real Decreto 723/2026 entrará en vigor el 5 de octubre de 2026.
Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, deberá poner a disposición de empresas y personas trabajadoras un modelo de documento informativo en un plazo máximo de 20 días desde la publicación de la normativa. No obstante, la disponibilidad de este modelo no condiciona la exigibilidad de las obligaciones de información.
La entrada en vigor del Real Decreto plantea así un nuevo escenario para los despachos profesionales: la gestión laboral requerirá una comunicación más estrecha con sus empresas y clientes y una revisión de los procedimientos utilizados hasta ahora para preparar nuevas contrataciones.
En este nuevo escenario contar con apoyo especializado durante una contratación puede adquirir todavía más valor.
Es lo que ocurre con el contrato de formación en alternancia, una modalidad en la que empresas y despachos profesionales pueden contar con el acompañamiento de un centro especializado para gestionar y coordinar la actividad formativa vinculada al contrato.
En Grupo2000 conocen de cerca las dificultades que pueden surgir en la gestión de estos contratos y, por ello, trabajan para ofrecer a las asesorías el apoyo que necesitan en cada fase del proceso, facilitando las gestiones y simplificando la coordinación de la formación.
«La contratación requiere cada vez más planificación. En el contrato de formación contar con un centro especializado permite a la empresa y a su asesoría disponer de apoyo durante el proceso y facilita la coordinación de toda la parte formativa», señalan desde Grupo2000.
Además de permitir incorporar y formar a una persona para el puesto que va a desempeñar, el contrato de formación en alternancia permite aplicar tres bonificaciones mensuales durante toda su vigencia.
Grupo2000 es un centro de formación especializado en contratos de formación en alternancia, que ofrece asesoramiento para su formalización y gestión. Además, cuenta con un servicio de Agencia de Colocación a nivel nacional para ayudar a las empresas a encontrar talento que puedan incorporar mediante esta modalidad contractual.
